La excepción audiovisual española, único país de la UE sin un consejo audiovisual

Posted on 5 febrero, 2013

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Uno de los datos más relevantes del recién terminado año 2012 ha sido el de consumo de televisión en España: cuatro horas y seis minutos de media por persona al día. Andalucía fue la comunidad con mayor consumo televisivo: cuatro horas y 45 minutos por persona al día de media. En el año anterior, 2011, los menores de entre 4 y 12 años pasaron al televisor unas 2 horas y 40 minutos al día de promedio.

Nadie duda del papel que en la sociedad ejercen los medios de comunicación. Su enorme impacto e influencia conforma la opinión pública y los hábitos de consumo. Condiciona conductas, transmite valores, difunde información y posibilita el ejercicio a la libertad de expresión y de información de los periodistas.  Y de todos los canales posibles que la ciudadanía dispone para conocer e informarse sobre el mundo que le rodea, la televisión, de momento, sigue siendo el predilecto para una parte muy importante de la población. También lo es para acceder a las características y ofertas de bienes de consumo disponibles, gracias a la publicidad, para imponer modas, hábitos de consumo, corrientes de opinión…

Es tal el poder de los medios, que además de las leyes que regulan su actividad como empresas públicas o privadas, en todos los países democráticos existen desde hace mucho tiempo organismos independientes de regulación o de control que velan porque los contenidos que emiten las radios y las televisiones respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía. La excepción es España, el único país de la Unión Europea que no cuenta entre sus instituciones democráticas con un Consejo Audiovisual. Tan solo existen dos consejos de ámbito autonómico: el de Andalucía y el de Cataluña.

Los detractores de estas instituciones acuden con ligereza a la palabra censura para denostar la función de los consejos audiovisuales, obviando —de forma premeditada o bien por ignorancia— que un consejo audiovisual sólo actúa ante contenidos ya emitidos y que, además, sólo puede hacerlo cuando se trata de emisiones contrarias a la ley. O dicho de otra forma, solo pueden aplicar o instar a que se aplique la ley.

Lejos del ánimo censor que muchos atribuyen a estas instituciones, no son excepción las decisiones aprobadas por los consejos audiovisuales que han venido a proteger el derecho a la libertad de expresión, al recordar la obligación a la que están sujetos los operadores de radio y televisión de difundir todos los puntos de vista de un hecho, y no sólo uno, parcial e interesado. El derecho a la libertad de expresión que ampara a cualquier medio de comunicación se complementa con el derecho de la sociedad a recibir una información veraz, igual de inviolable que el primero.

En España, el ciudadano de a pie dispone de los tribunales de justicia para exigir el cumplimiento de la ley, lo que claramente le deja indefenso y en inferioridad de condiciones. También existe un Comité de Autorregulación que debe responder a las quejas que reciba ante incumplimiento del horario infantil, únicamente. Este comité está integrado por las mismas televisiones, y hasta la fecha, ha sido poco eficaz. Todos los expertos y observadores coinciden al reconocer que la autorregulación en las televisiones españolas ha fracasado. Y para constatarlo, basta un poco de zapping a cualquier hora de la tarde.