La enorme repercusión del caso Bretón nos aboca a un veredicto mediatizado

Posted on 25 enero, 2013

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El abogado de José Bretón, el hombre acusado por un juez de la muerte de sus hijos, de dos y cuatro años de edad, solicitó que su cliente sea juzgado por un jurado profesional y no por un jurado popular, tal y como está previsto. “Será difícil encontrar a ciudadanos que actúen desde la imparcialidad”, ha argumentado el letrado defensor y posiblemente no le falte razón en esta apreciación.

Es tal la dimensión que la televisión ha dado a este luctuoso suceso que, al margen de las pruebas y de las estrategias de acusación y defensa, el jurado encargado de dictar su veredicto habrá de hacer un esfuerzo por abstraerse de las informaciones difundidas por los medios de comunicación, principalmente por los programas de entretenimiento de la televisión, durante la instrucción del caso y, llegado el momento, durante la celebración del proceso.

Este tipo de sucesos nutren programas o magazines en los que la información se ha convertido en espectáculo y donde se mezclan rumores, testimonios de vecinos, allegados o anónimos ciudadanos indignados, con declaraciones de “periodistas de investigación”. Mala praxis que, sin embargo, ha demostrado ser enormemente rentable para las cadenas de televisión que las ponen en práctica desde hace años con grandes éxitos de audiencia.

En este desgraciado caso, se ha producido además un hecho inaudito, como ha sido la grabación y difusión en todas las televisiones de la reconstrucción de los hechos por parte del acusado junto al juez, el secretario judicial, el abogado defensor, la policía y resto de personal técnico con responsabilidad en esta investigación. Las cámaras de televisión estaban tan cerca que era posible escuchar las palabras del acusado o las preguntas del juez.

A este auténtico “espectáculo informativo”, hay que añadir la comparecencia de un responsable policial en uno de estos espacios de entretenimiento, que hizo saltar las alarmas de la Fiscalía. Y si no fueran pocos los ingredientes sensacionalistas, se suma, por último, el descubrimiento de un fallo garrafal en una prueba pericial, fundamental para esclarecer el caso.

Con estos mimbres, el legítimo derecho a la presunción de inocencia que asiste a José Bretón, como a cualquier otro ciudadano, hasta que las pruebas fehacientes no demuestren lo contrario, ha quedado pulverizado por otro derecho, el de la libertad de expresión y de información, que no siempre se ha ejercido de forma correcta y responsable.

José Bretón está acusado por un juez de matar a sus hijos, terrible acusación que hay que probar, no suponer, presumir o deducir. Es preciso combinar ambos derechos, el de la presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano y el que asiste a un periodista o a un medio de comunicación que, por otro lado, están cargados de una responsabilidad social de la que no pueden abdicar por mor de los índices de audiencia.

Desconocemos cómo se resolverá este caso, pero si tenemos constancia fehaciente del daño irreparable que las malas prácticas periodísticas causaron en un asunto que podemos considerar paradigmático, como fue la condena e ingreso en prisión de Dolores Vázquez por el asesinato de una adolescente. Un crimen que había cometido un ciudadano británico que pocos años después volvió a matar.

Hace un año aproximadamente que se celebró el juicio por el caso Marta del Castillo, otro momento álgido para el sensacionalismo mediático asociado al delicado binomio sucesos-menores de edad. La vorágine televisiva que desató la instrucción policial y judicial de este caso motivó diversas actuaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la Fiscalía que acabaron en sanción para algunas televisiones por prácticas similares a las que estamos viendo con el asunto Bretón.

Preocupado por esta deriva creciente, el Consejo Audiovisual de Andalucía impulsó la firma de un protocolo de actuación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Colegio de Periodistas de Andalucía en el que se consagra el papel trascendental que desempeñan los medios de comunicación como garantes del principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales.

Con ello se persegue satisfacer el principio constitucional de información y de publicidad de la justicia desde el rigor, la calidad y el respeto a otros derechos y libertades constitucionales; dar a conocer los principios y características del sistema judicial como poder independiente para la resolución de conflictos, mejorar la imagen de la Justicia haciendo su función más transparente y accesible, y abrir un cauce de diálogo que contribuya a resolver las trabas que dificulten la necesaria relación entre los profesionales de la justicia y del periodismo. Así, se podrán prevenir muchos de los perjuicios derivados de las actuaciones periodísticas como las descritas anteriormente.